Redacción
Costa Rica se enfrenta a un desafío humanitario significativo debido al aumento de migrantes procedentes de Venezuela en busca de asilo y por paso migratorio. Esta situación plantea dificultades considerables y oportunidades tanto para el país como para la comunidad internacional.
En los últimos años, se ha experimentado un flujo constante de individuos que huyen de la crisis económica, política y humanitaria en Venezuela. Este continuo arribo de personas ejerce presión sobre los recursos y servicios en el país, desafiando su capacidad de respuesta y solidaridad con quienes buscan un futuro más promisorio.
Los migrantes venezolanos han presentado numerosas peticiones de asilo en Costa Rica, buscando protección internacional. El proceso de solicitud de asilo puede resultar prolongado y complejo, poniendo a prueba el sistema costarricense.
La llegada de estos extranjeros ha tenido un impacto relevante en las comunidades locales, afectando los sistemas de salud y el empleo informal, principalmente. A pesar de los retos, diversas organizaciones y ciudadanos costarricenses han brindado apoyo y solidaridad a los recién llegados.
El Gobierno de la República ha manifestado su compromiso con el respeto de los derechos humanos de los migrantes y la búsqueda de soluciones a largo plazo para la crisis en Venezuela. Se han implementado medidas para regularizar la situación de algunos de ellos, otorgándoles estatus migratorios temporales y permitiéndoles trabajar legalmente en el país.
Sin embargo, la situación continúa siendo un reto multifacético que exige una respuesta coordinada a nivel regional y global. Costa Rica trabaja en estrecha colaboración con la comunidad internacional para abordar la migración venezolana de manera eficaz y garantizar que se respeten los derechos y atiendan las necesidades de los migrantes.
La crisis migratoria en Costa Rica, impulsada en gran medida por la migración venezolana, subraya la necesidad de una respuesta conjunta en América Latina para enfrentar los desafíos humanitarios y de derechos humanos que afrontan los desplazados. Costa Rica ocupa una posición clave para liderar estos esfuerzos y continuar demostrando solidaridad hacia aquellos que buscan un futuro mejor en tierras costarricenses.
Acciones
Ante la situación migratoria, catalogada por la Defensoría de los Habitantes (DH) como una crisis humanitaria, esa entidad emitió una alerta a las autoridades gubernamentales en la que contempla la ejecución de 16 recomendaciones, las cuales creen permitirá un abordaje coordinado de lo que se vive en el sur del país.
La Defensora, Angie Cruickshank Lambert, en semanas pasadas estuvo en el antiguo campo ferial de Paso Canoas y en la Estación Migratoria Bicentenario Sur (Embisur) donde en conjunto con autoridades de Gobierno de la zona observó lo que cataloga como “rostro de crisis humanitaria”.
Este punto se ha convertido en un importante paso de migrantes provenientes de países del sur del continente, incluso de caribeños y africanos que llegan primero a las naciones de Sur América y de ahí comienzan la marcha hacia Canadá y Estados Unidos de Norte América principalmente.
El organismo rector de los derechos humanos en el país recomienda a las autoridades como primera medida, el reconocer que Costa Rica es y continuará siendo un país de tránsito de los flujos migratorios. Una realidad que supone la adopción de medidas a mediano y largo plazo, por ejemplo, la habilitación de albergues permanentes en zonas fronterizas, acuerdos de cooperación y definición de responsabilidades con las autoridades encargadas de garantizar la atención médica de estas personas; más allá de situaciones de emergencia, como lo son casos de enfermedades crónicas, determinación de relaciones de parentesco y vínculos entre estas personas para garantizar su ubicación y atención como grupos familiares, entre otras.
Además, revisar y actualizar el “Plan integral para la atención de los flujos migratorios mixtos 2018- 2022”, de forma tal que el Estado costarricense emita un nuevo plan que reitere las competencias institucionales, así como los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar una atención adecuada y la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes en condición irregular que están ingresando al país por nuestra frontera sur.
Establecer mecanismos que permitan un registro diario y adecuado de las personas extranjeras provenientes de los flujos migratorios mixtos que ingresan al territorio nacional (específicamente y, en primer lugar, al campo ferial), sus características y necesidades particulares de atención y protección, así como su identificación a partir de la poca o nula documentación que estas personas puedan aportar.
Otras medidas
Disponer de protocolos de atención y guías de entrevista y de evaluación social de acuerdo con las características particulares de la población migrante.
Definir, con claridad, la naturaleza temporal o transitoria del “campo ferial”, como espacio que se está habilitando para la permanencia de personas extranjeras en condición migratoria irregular, que no tienen interés de quedarse en Costa Rica sino, más bien, de continuar su recorrido hacia los Estados Unidos y que pueden hacerlo en el corto plazo, precisamente, por contar con los recursos económicos necesarios para continuar su recorrido hacia el norte.
Nombrar una instancia encargada de la coordinación de las acciones de atención de los flujos migratorios mixtos y no solo de la habilitación y funcionamiento de los centros de atención que se establezcan con ese propósito.
Además de las instituciones que ya se encuentran presentes en la zona, se debe incorporar en esta atención a otras instancias como el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Coalición Nacional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Realizar una adecuada y periódica recolección de la basura y limpieza del campo ferial, incluyendo las zonas donde están ubicadas las duchas y baterías sanitarías, así como el lugar donde las personas preparan sus alimentos.
Coordinar y articular de manera adecuada el aporte y acompañamiento que brindan las organizaciones de la sociedad civil en la atención de los flujos migratorios mixtos, con el fin de maximizar los recursos y servicios que han sido ofrecidos por dichas organizaciones y no duplicar esfuerzos.
Disponer de los recursos y mecanismos necesarios para que la atención médica de estas personas se garantice, más allá de una atención de emergencia, es decir, en los casos de personas con padecimientos crónicos.
Mantener un mecanismo de comunicación fluido y oportuno dirigido a las personas extranjeras que son parte de estos flujos, acerca de sus derechos y obligaciones, de la naturaleza de la atención que les brinda el Estado costarricense, de la autorización de ingreso y permanencia transitoria que les otorga, así como de las decisiones administrativas que se vayan tomando para garantizar su atención en el territorio nacional.
Implementar procesos y campañas de sensibilización y concientización continúa dirigidos a las comunidades que tienen mayor contacto con estas poblaciones, por ejemplo, en las zonas fronterizas y en los lugares en los que actualmente están ubicados los Centros de atención temporal.
Definir otros mecanismos o alternativas para el traslado de personas extranjeras al puesto fronterizo ubicado en la zona norte del país, principalmente, atendiendo situaciones de vulnerabilidad de estas personas y sus necesidades de atención específicas.
Establecer mecanismos de coordinación permanente y oficiales con autoridades de países vecinos, principalmente, con la intención de facilitar un intercambio de información veraz y oportuno en relación con las necesidades de protección y atención de las personas extranjeras provenientes de los flujos migratorios mixtos, así como alertas sobre movilizaciones numerosas que ameriten una atención y articulación extraordinaria.
Destinar, de forma prioritaria, las instalaciones de Estación Migratoria Bicentenario Sur- Embisur (CATEM-SUR), para la ubicación de grupos familiares con presencia de personas menores de edad, personas con discapacidad y personas adultas mayores y reubicar allí, a la brevedad, a las personas pertenecientes a estos grupos vulnerables, que así lo soliciten.
Garantizar la dotación de personal interinstitucional e interdisciplinario para la atención de la población migrante durante toda la jornada de servicio en el puesto de la frontera en Paso Canoas.
Procurar, a la mayor brevedad posible, el acceso de las personas migrantes a las plataformas de servicios institucionales, especialmente a las de salud, atención psico-social, protección especial y relativas a trámites migratorios.
Fuerzas vivas se manifiestan
Con motivo de las protestas en días pasados, se logró articular acciones para mitigar el impacto en la zona. Fuerza Pública pedirá refuerzos para aumentar los operativos de control sanitario, evitando así la permanencia fija de migrantes en la vía pública de Paso Canoas.
Se espera que se monten destacamentos de migración en Ciudad Neilly y Río Claro para que los migrantes no sean devueltos a la frontera, donde se controlará el estatus migratorio y el récord policial de los viajantes, a fin de que puedan continuar su marcha.
Además, solicitan al Poder Ejecutivo por medio de algunos de los representantes que estuvieron en la reunión después de las protestas que, se utilice el convenio firmado en Sixaola el 3 de mayo de 1992 entre los presidentes de Calderón Fournier de Costa Rica y Endara Galimani de Panamá en su artículo 2, inciso J, el cual establece el marco jurídico para que, mediante cruce de notas de los ministros del ramo, se acuerden acciones que beneficien el desarrollo integral de la frontera. Convenio que consideran útil para establecer y reglamentar el flujo migratorio controlado entre ambas naciones.
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