Auge y caída de Celso Gamboa: El caso que sacude las altas esferas políticas costarricenses

Gamboa fue ministro en la administración Solís Rivera.

Redacción

Un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y figura prominente del sistema judicial costarricense ha sido detenido y enfrenta una posible extradición a Estados Unidos, acusado de colaborar con redes internacionales de narcotráfico. El arresto de Celso Gamboa, quien durante años fue considerado uno de los rostros más influyentes del Poder Judicial, marca uno de los episodios más significativos en la historia reciente del país centroamericano.

La detención, realizada en una operación conjunta entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, fue presentada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves como evidencia de su compromiso con el combate al crimen organizado y la transparencia institucional.

“Este es un mensaje claro, nadie está por encima de la ley, sin importar su pasado o sus conexiones”, declaró el mandatario en conferencia de prensa el 24 de junio pasado..

Una carrera judicial meteórica

Celso Gamboa, de 49 años, ascendió rápidamente dentro del sistema judicial tras iniciar su carrera como fiscal provincial. Durante las administraciones de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, ocupó cargos como viceministro y luego ministro de Seguridad Pública, más tarde fue designado magistrado de la Sala III del Poder Judicial en 2016. Su reputación como técnico implacable le ganó respaldo político, aunque su figura comenzó a erosionarse tras su presunta implicación en el escándalo del «Cementazo», un caso de tráfico de influencias que sacudió al país en 2017.

Aunque fue destituido en 2018, Gamboa mantuvo visibilidad mediática como abogado litigante y comentarista político, se auto percibía cercano al gobierno de Chaves y crítico de sus opositores. Aunque tanto Chaves como Gamboa manifiestan nunca haber tenido contacto.

Vínculos con el narcotráfico y la DEA

Según fuentes oficiales, la investigación que condujo a su arresto se desarrolló durante al menos tres años, en coordinación con agencias estadounidenses. El ministro de Seguridad costarricense, Mario Zamora, confirmó que el nombre de Gamboa apareció en expedientes de cooperación internacional relacionados con organizaciones criminales transnacionales, incluidos contactos con estructuras afines al Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo.

La solicitud de detención provino directamente del Departamento de Justicia de EE. UU., bajo acusaciones de lavado de dinero y tráfico de influencias para favorecer estructuras criminales.

“El caso de Gamboa nos muestra lo que ocurre cuando figuras públicas cruzan la línea y se alinean con intereses criminales. Afortunadamente, nuestras instituciones, con apoyo internacional, respondieron”, afirmó Zamora.

Extradición histórica

Este será el primer caso de extradición de un costarricense hacia EE. UU. desde que se reformó la Constitución Política en 2023, permitiendo dicha medida en casos de crimen organizado y terrorismo. La reforma fue impulsada por la administración de Chaves como parte de una estrategia para enfrentar la creciente influencia del narcotráfico en la región.

Analistas jurídicos señalan que el proceso de extradición de Gamboa marcará un precedente legal, tanto por su perfil como por el simbolismo que representa: un exmagistrado siendo procesado bajo las mismas normas que combatió durante su carrera.

Reacciones mixtas

La detención de Gamboa ha generado diversas reacciones en el país. Algunos sectores lo consideran un golpe certero del Ejecutivo a las estructuras de poder corruptas, mientras otros cuestionan si la operación pudo haberse realizado con motivaciones políticas.

El presidente Chaves, sin embargo, ha sido categórico al indicar que, “la justicia es más fuerte que cualquier red de favores. Esta es una victoria del Estado de derecho, no de un partido”.

Gamboa permanece detenido en condiciones de máxima seguridad mientras avanza el proceso de extradición. Ni él ni sus abogados han ofrecido declaraciones públicas hasta el momento.

Una advertencia regional

Costa Rica, considerada durante décadas como una de las democracias más estables de América Latina, enfrenta el creciente reto del crimen organizado que penetra fronteras, instituciones y figuras públicas. La detención de Gamboa, aunque impactante, refuerza la narrativa de que el país está dispuesto a enfrentar la amenaza con firmeza y sin distinciones jerárquicas.

Para el gobierno de Rodrigo Chaves, el caso representa un punto de inflexión en su agenda de seguridad y justicia y podría consolidar su imagen en año electoral como un líder dispuesto a enfrentar a los poderosos cuando estos socavan el Estado de derecho.

Y es que Chaves, goza de una alta popularidad después de tres años al mando del Ejecutivo, lo que le mantiene las puertas abiertas a una continuidad de sus políticas desde la Asamblea Legislativa, una opción que no descarta, pero no confirma.

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