Redacción
Cuando el Tribunal Penal de San José ordenó la extradición del exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa a Estados Unidos, muchos en Costa Rica lo consideraron un hecho histórico. Era la primera vez que el país accedía a entregar a uno de sus ciudadanos bajo la nueva reforma constitucional que permite la extradición en casos de narcotráfico y terrorismo. Pero más allá del precedente judicial, el caso expuso las grietas de una nación que durante años se creyó ajena a la corrupción estructural del crimen organizado.
Gamboa, de 49 años, fue en su momento una de las figuras más influyentes del aparato de seguridad costarricense. Dirigió la inteligencia nacional, ocupó el Ministerio de Seguridad Pública y llegó a ser magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema. Su carrera terminó envuelta en denuncias de corrupción y tráfico de influencias. Ahora, según las autoridades estadounidenses, habría cruzado una línea aún más grave, usar su poder para facilitar operaciones de narcotráfico transnacional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusa de filtrar información sobre investigaciones antidrogas a redes criminales que movían cocaína desde Colombia hacia el norte, utilizando a Costa Rica como corredor de tránsito. Su nombre figura junto al de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo” y Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”. Ambos también enfrentan solicitud de extradición.
El tribunal costarricense aprobó la entrega, pero los abogados defensores, Natalia Gamboa y Michael Castillo, confirmaron que apelarán. Aun si la decisión se mantiene, el exministro deberá enfrentar primero los procesos judiciales pendientes en Costa Rica.
Un país sitiado por la violencia
La caída de Gamboa ocurre en un contexto que refleja el nuevo rostro del narcotráfico en Centroamérica. Costa Rica, tradicionalmente percibida como un oasis de estabilidad en la región, cerró 2024 con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia. En 2023 ya había alcanzado un récord con 905 asesinatos, un aumento del 38 % respecto al año anterior. Más del 70 % de esos crímenes están vinculados a disputas entre bandas.
En las calles de Limón, Puntarenas y Guanacaste, el narcotráfico se mezcla con el turismo, la migración y el lavado de dinero. Las rutas marítimas del Caribe y el Pacífico se han convertido en autopistas invisibles de cocaína, mientras los barrios de San José sirven como centros logísticos, financieros y humanos de una red que opera más allá de las fronteras nacionales.
La conexión global
El caso de Gamboa se inscribe en un fenómeno que ha transformado el mapa del narcotráfico mundial. Las viejas estructuras verticales de los carteles latinoamericanos —como el de Medellín o Sinaloa— han mutado hacia alianzas flexibles y descentralizadas, en las que los funcionarios corruptos, empresarios y operadores financieros locales son piezas intercambiables de un engranaje global.
A miles de kilómetros, en agosto de 2024, Ismael “El Mayo” Zambada García, el legendario líder del Cártel de Sinaloa, compareció ante un tribunal federal de Nueva York. Con voz serena, admitió haber traficado más de un millón y medio de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos durante cuatro décadas. La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, calificó el fallo como “una victoria histórica” en la guerra contra las drogas.
Pero esa guerra, como advierte el periodista mexicano Jesús Esquivel en su investigación Los carteles gringos, es mucho más compleja. “Las drogas no se venden solas”, afirma. Según Esquivel, Estados Unidos no solo es el mayor consumidor mundial de estupefacientes, sino también un territorio donde operan miles de pandillas y redes domésticas de tráfico que funcionan como carteles internos, aunque el gobierno se niegue a llamarlos así.
“Desde los clubes de motociclistas hasta las mafias locales, estas organizaciones compran la droga al mejor postor en la frontera, la distribuyen por todo el país y lavan el dinero en su propio sistema financiero”, explica Esquivel.
Los “carteles invisibles” de Estados Unidos
El exagente de la DEA, Mike Vigil no comparte la idea de que existan “carteles estadounidenses”, pero reconoce que las pandillas y redes criminales del país operan con una sofisticación comparable. “En Estados Unidos no hay organizaciones paramilitares, pero sí hay una red fragmentada de miles de grupos que controlan calles, no territorios”, señala.
Para Steven Dudley, cofundador del centro de análisis Insight Crime, la diferencia entre los carteles latinoamericanos y las pandillas estadounidenses es de escala, no de función. “Ambos ejercen control coercitivo sobre los mercados locales y generan ganancias multimillonarias. Solo que en América Latina también desafían al Estado”.
En ese escenario, la extradición de un exministro costarricense acusado de colaborar con el narcotráfico revela una ironía amarga, mientras Washington celebra la captura de capos extranjeros, dentro de sus propias fronteras el negocio de las drogas sigue creciendo bajo nuevas estructuras.
Entre la cooperación y la desconfianza
Costa Rica ha sido un aliado histórico de Estados Unidos en materia de seguridad. La reforma constitucional que permitió la extradición por narcotráfico se impulsó, en parte, bajo presión de Washington. Pero el caso Gamboa plantea interrogantes sobre hasta qué punto esa cooperación logra frenar el poder de las redes criminales o simplemente las desplaza.
El país ha recibido asesoría de la Policía Nacional de Colombia y apoyo financiero de la embajada estadounidense para fortalecer la estrategia “Sembremos Seguridad”, centrada en comunidades costeras y fronterizas. Sin embargo, analistas advierten que las medidas no alcanzan para contener un fenómeno alimentado por la corrupción, la desigualdad y un mercado global de drogas que sigue dominado por la demanda del norte.
Una advertencia en el espejo
El caso del exministro costarricense podría marcar un antes y un después en la relación judicial entre Costa Rica y Estados Unidos. Pero también deja una advertencia más profunda, el narcotráfico ya no es una amenaza que se exporta desde el sur, sino una red global que se retroalimenta desde el norte.
Mientras Gamboa espera el resultado de su apelación, el eco de su caída resuena más allá de los tribunales. Refleja cómo un país que se enorgullece de su paz y democracia puede ser arrastrado, poco a poco, por las corrientes subterráneas del crimen transnacional.
Y revela, quizás, lo más incómodo de todo, que las fronteras de la guerra contra las drogas son, al final, mucho más porosas de lo que los gobiernos están dispuestos a admitir.
