Redacción
El arroz, ese ingrediente silencioso que acompaña cada almuerzo costarricense, se convirtió este lunes en un símbolo de advertencia. En el comedor de la Asamblea Legislativa, los diputados recibieron su tradicional “casado” con un detalle inquietante. En lugar de la porción generosa de arroz que suele llenar el plato, había apenas un pequeño puñado, lo suficiente para cubrir una cuchara.
No fue un error de cocina. Fue una protesta. Un acto calculado para que el mensaje se entendiera no con palabras, sino con el estómago.
Los Productores Nacionales de Arroz quisieron mostrar, en una imagen tangible, lo que las cifras frías ya vienen advirtiendo desde hace tres años. Desde agosto de 2022, la producción arrocera del país se ha desplomado. Más de 21.000 hectáreas de cultivo desaparecieron tras la entrada en vigor de dos decretos que redujeron los aranceles de importación y eliminaron el esquema de precios regulados.
Lo que se prometió como una apertura para abaratar el grano se ha convertido en una crisis silenciosa para cientos de familias rurales. En solo tres ciclos agrícolas, la producción nacional cayó un 57 % y el arroz importado ya representa el 85 % del consumo interno. El arroz costarricense, ese que crecía en los valles de Guanacaste y en los campos húmedos de Pérez Zeledón, ocupa hoy apenas un rincón del mercado.
La paradoja de los precios
La apertura comercial debía beneficiar a los consumidores, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos cuentan otra historia. En los últimos 37 meses, el precio del arroz ha aumentado un 4,33 %, pese a la percepción del consumidor que siente que el precio del grano es menor. Ni el agricultor ganó, ni el ciudadano sintió alivio en su bolsillo.
“Nos prometieron arroz más barato. Lo que tenemos es menos arroz y más incertidumbre”, comentó un productor durante la actividad en el Congreso.
El resultado es una paradoja que irrita a economistas y agricultores por igual. Los decretos redujeron los aranceles de importación de un 35 % a apenas 3,5 % en arroz en granza y 4 % en arroz pilado. Con el mercado abierto a granos extranjeros, principalmente de países donde el cultivo está fuertemente subsidiado, el producto local quedó fuera de competencia.
El Gobierno defendió la medida como una forma de “liberar el mercado”. Los productores la describen como un golpe letal.
Un país que se queda sin su grano
El arroz, en Costa Rica, no es solo un producto básico. Es parte de la identidad nacional. Es el hilo que une el desayuno con el almuerzo, la comida obrera con la mesa familiar. Es el ingrediente que da sentido al casado, ese plato cotidiano que combina arroz, frijoles, plátano, ensalada y carne.
Perder la producción nacional, dicen los agricultores, sería mucho más que un problema económico. Sería una fractura cultural.
“Si dejamos de producir arroz, dejamos de producir país”, expresó un representante de los arroceros ante los legisladores.
En los campos, la crisis se traduce en fincas abandonadas, empleos rurales perdidos y comunidades que pierden su sustento. Las cifras oficiales estiman que el 80 % de los productores son pequeños o medianos y muchos ya no pueden sostener los costos frente al arroz importado.
El proyecto que busca rescatar el grano
En medio de la emergencia, el proyecto de ley 24.211, conocido como FONARROZ, busca revertir la tendencia. La iniciativa pretende crear un fondo permanente de apoyo al productor nacional y asegurar la estabilidad de precios mediante un esquema compartido de financiamiento entre importadores y productores.
El objetivo es doble. Garantizar la seguridad alimentaria del país y evitar que Costa Rica dependa completamente del arroz extranjero. En un mundo marcado por la inestabilidad climática, los conflictos comerciales y las crisis de suministro, depender del exterior para alimentar a la población se considera un riesgo estratégico.
Sin embargo, el proyecto avanza con lentitud en la Asamblea. Mientras tanto, cada mes se reporta una nueva caída en la superficie sembrada.
El símbolo en el plato
El gesto de los productores en el almuerzo legislativo buscaba precisamente eso, sacudir la indiferencia. En un país donde el arroz nunca falta en la mesa, ver un casado servido con apenas un puñado del grano más simbólico de su cocina tuvo un efecto inmediato. Algunos diputados observaron el plato en silencio. Otros, incómodos, tomaron fotografías antes de que la prensa lo hiciera por ellos.
La escena condensaba una historia de décadas. El arroz fue, durante años, un cultivo protegido. Garantizaba ingresos modestos, pero seguros, para miles de familias campesinas. Con los cambios de política, ese equilibrio se rompió.
Ahora, la decisión recae nuevamente en el Congreso.
Los productores lo dicen sin rodeos, si el proyecto no se aprueba, el arroz nacional podría desaparecer. Y con él, una parte esencial de la mesa costarricense.
El futuro en juego
Costa Rica se encuentra en una encrucijada entre la eficiencia del libre mercado y la preservación de su soberanía alimentaria. La discusión va más allá de un cultivo. Es una conversación sobre identidad, sobre el valor del trabajo rural y sobre el precio real de depender de otros para alimentarse.
Mientras tanto, en las sodas y cocinas del país, el arroz sigue llenando platos, aunque cada vez más con granos extranjeros. Y en la Asamblea, aquel almuerzo con una porción escasa de arroz se ha convertido en el recordatorio de que, a veces, la política también se sirve en pequeñas dosis.
