Redacción
Un estudio registral reciente reveló que detrás del comercio informal que ha tomado la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) de Playa Dominical, en el Pacífico sur de Costa Rica, existe una red de vendedores con alto poder económico.
El análisis, realizado a partir de las placas de los vehículos que abastecen los puestos ilegales, permitió identificar que muchos de sus propietarios poseen automóviles de lujo, lotes, fincas y viviendas en distintas provincias del país.
Lejos de tratarse de pequeños artesanos locales, los datos apuntan a comerciantes domiciliados en San José, Alajuela, Puntarenas, Heredia, Quepos y Pérez Zeledón, algunos de los cuales figuran como dueños de hasta ocho vehículos, entre livianos y de carga pesada, varios de ellos modelo 2025.
Una economía paralela frente al mar
En la ZMT de Playa Dominical se desarrollan, sin autorización, múltiples actividades económicas, algunas incluso con datáfonos para cobro con tarjeta, lo que representa una competencia desleal para los comercios legalmente establecidos.
Según el estudio, los camiones que abastecen a los vendedores transportan inventarios millonarios de productos importados —principalmente desde China, México e Indonesia— que se ofrecen al margen de toda regulación fiscal o sanitaria.
El caso está actualmente bajo revisión de la Sala Constitucional, a raíz de un recurso de amparo contra la Municipalidad de Osa por presunta inacción frente a la invasión de un espacio público protegido.
La Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (N.° 6043 de 1977) prohíbe cualquier tipo de construcción, ocupación o explotación económica sin autorización legal. Sin embargo, en Dominical la norma parece haberse convertido en letra muerta.
El contraste con el discurso oficial
El gobierno local sostiene que la actividad está compuesta por pequeños vendedores y artesanos de la comunidad. Pero los registros públicos contradicen esa versión, los comerciantes informales son, en su mayoría, propietarios de múltiples bienes de alto valor económico.
Pese a las disposiciones de los artículos 12 y 13 de la Ley —que ordenan el desalojo inmediato y la demolición de estructuras ilegales—, la Municipalidad de Osa ha mantenido durante años una actitud permisiva, según denuncian organizaciones locales.
La situación genera malestar entre empresarios turísticos y vecinos, quienes aseguran que la falta de control municipal “afecta la imagen de un destino internacionalmente reconocido por su belleza natural y por el surf”.
Investigación ante la Contraloría
La Contraloría General de la República (CGR) recibió recientemente una solicitud de investigación sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en la otorgación de permisos de construcción dentro de áreas ambientalmente sensibles como la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD).
La petición, presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC) a través del Partido Frente Amplio, busca determinar si existió incumplimiento del deber de proteger bienes públicos y recursos naturales.
El objetivo es establecer eventuales responsabilidades administrativas e incluso la posible cancelación de credenciales a funcionarios que hayan actuado en contra del marco legal.
Un ecosistema bajo presión
La Fila Costeña —también conocida como Fila Brunqueña— es una franja montañosa de alto valor ecológico que abastece de agua a comunidades como Dominical, Uvita, Ojochal y Palmar Norte.
Sin embargo, la expansión inmobiliaria en zonas boscosas y de fuerte pendiente amenaza la estabilidad ecológica y la seguridad hídrica. Investigaciones del SINAC y el CFIA revelan que al menos un 35% de las construcciones en el cantón de Osa carecen de permisos municipales.
Una respuesta ciudadana que gana fuerza
Frente a la falta de acción institucional, la Comisión Alianza Comunal ha promovido espacios de diálogo y rendición de cuentas, como el evento “Sosteniendo la Fila Costeña”, celebrado durante el Festival del Océano 2025.
Allí se demandó a las autoridades municipales una moratoria en los permisos de construcción, la actualización del Plan Regulador y la creación de una Categoría de Manejo Especial para proteger la Fila Costeña.
La Municipalidad de Osa no participó en la actividad y posteriormente desestimó las solicitudes ciudadanas, alegando limitaciones de competencia.
“La Fila Costeña no aguanta más”, advirtió la organización en un comunicado. “A la falta de planificación se suma la ausencia de control y de un manejo adecuado de los residuos. Necesitamos una respuesta integral del Estado antes de que el daño sea irreversible”.
Un punto de inflexión pendiente
Mientras avanza la investigación de la Contraloría, Playa Dominical continúa siendo escenario de una contradicción, la convivencia entre un modelo turístico basado en la naturaleza y una economía informal que crece sin control.
La pregunta de fondo sigue abierta —¿quién protege los bienes públicos en la costa costarricense?—, pero la comunidad insiste en que no se trata solo de un tema legal o ambiental, sino de defender el derecho ciudadano a disfrutar de su propio territorio.
