Matar al comunicador no significa que su voz haya desaparecido

Por: Esther Castillo Jiménez

Costa Rica recibió otro golpe que obliga a reflexionar sobre el país en el que estamos viviendo. El asesinato del comunicador Camilo Rodríguez no solo enluta a familiares, amigos y colegas, sino que plantea interrogantes sobre la violencia, el sicariato y los riesgos que enfrenta quien decide denunciar situaciones de interés público.

Rodríguez había utilizado sus espacios de comunicación para exponer presuntas actividades del narcotráfico y señalar posibles vínculos con distintos sectores. Sus afirmaciones deberán ser examinadas y verificadas por las autoridades. Lo que no admite discusión es que ninguna denuncia puede convertirse en una sentencia de muerte.

Pero hay un elemento que hace todavía más inquietante esta historia.

Camilo había manifestado en un video que su vida corría peligro y explicó que había distribuido cinco discos duros con información y abundante material audiovisual entre destinatarios de Argentina, Uruguay, Miami, California y un investigador policial costarricense radicado en Estados Unidos, donde trabaja como consultor.

Había tomado esas previsiones para que, si algo le sucedía, su trabajo no desapareciera con él.

Creyeron que matándolo lo silenciaban, pero quizás hable más que nunca.

La ironía es contundente… Camilo ya no está, pero dejó información en manos de otras personas. Su voz quedó grabada y el material que distribuyó podría permitir que sus investigaciones trasciendan su propia muerte.

Ahora, a quienes recibieron ese material les corresponde preservarlo, garantizar que no desaparezca y procurar que su contenido sea conocido y debidamente investigado.

No se trata de convertir sus denuncias en verdades anticipadas ni de señalar culpables sin pruebas. Se trata de que la información sea examinada y de que las autoridades investiguen si existe alguna relación entre las amenazas que había denunciado, su actividad comunicativa y el crimen.

Mientras tanto, Costa Rica sigue enfrentando una preocupante realidad. Los homicidios por sicariato, la violencia asociada al crimen organizado y el temor ciudadano no pueden convertirse en parte de nuestra normalidad.

Ayer fue Camilo. Antes fueron otras personas. Y la pregunta sigue siendo la misma… ¿qué estamos haciendo para impedir que haya nuevas víctimas?

Un Estado de derecho debe garantizar que las diferencias se resuelvan mediante la justicia y no mediante las armas. También debe proteger el ejercicio de la libertad de expresión y garantizar que los crímenes se investiguen hasta sus últimas consecuencias.

Podrán apagar una voz, pero no necesariamente borrar todo lo que esa voz dejó documentado.

La muerte de Camilo merece justicia, respuestas y una investigación sin omisiones.

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