Redacción
El 68,3% de los salvadoreños encuestados por la Unidad de Investigación de La Prensa Gráfica (LPG Datos) apoyan la reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, pese a que la Constitución de ese país no lo permite.
La decisión del mandatario en setiembre pasado de alargar su mandato es ampliamente aplaudida por parte de la ciudadanía, alegan que el trabajo que está realizando el presidente, debe recaer en la población si se queda o no al frente del Gobierno.
Parte de su gestión, es la declaración de guerra a las pandillas o maras, esto divide a la opinión pública latinoamericana. En este caso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado abiertamente la estrategia de mano dura de su homólogo en las últimas semanas.
Algunos políticos en Centro y Sur América han alabado esta política, buscando replicar la misma en sus respectivos países. Mientras que activistas de derechos humanos como César Artiga, coordinador del Equipo Nacional del Acuerdo de Escazú, tilda esta como una estrategia de reelección y no como una estrategia de seguridad en sí.
El defensor de derechos humanos indicó a medios de comunicación extranjeros que Bukele, “le ha hecho creer a la gente que el costo para vivir en un país sin pandillas es que hay que limitar los derechos y que todos los que no apoyan la visión del presidente son enemigos del país”.
DW de Alemania menciona que Artiga incluso llegó a comparar el aparato de propaganda salvadoreño con el Joseph Goebbel en la época nazi. “Bukele es un publicista de profesión, muy hábil colocando mensajes y creando narrativas y tendencias sobre los temas que él quiere”.
Detalla que el modelo empleado por el presidente puede ser exportable o acogido en un país donde la cultura democrática y cívica es muy baja, ya que es “esencialmente autoritario”, puesto que “promulga la eliminación de los derechos fundamentales de los ciudadanos como forma de obtener seguridad”.
Finaliza diciendo que, «lo que está haciendo Bukele es una especie de mano dura que repite la misma fórmula de hace 20 años, solo que de manera más intensa. Poniendo a 40 mil jóvenes y pandilleros en las cárceles no elimina el problema de seguridad, más bien lo oculta por un momento, pero eso es completamente insostenible a mediano y largo plazo, especialmente porque no se ha atendido los problemas sociales que dan lugar a las pandillas y a la violencia juvenil en El Salvador”.
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