Redacción
El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y el diputado de Acción Ciudadana, Víctor Morales Moras, pueden perder la inmunidad si la Asamblea Legislativa acoge la solicitud de la Fiscalía General de la República de levantar la misma.
La acción se da con la intención de elevar a juicio el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), el cual al parecer quería recabar información de los costarricenses de manera inconstitucional.
La Fiscalía presentará 12 testigos de los hechos acontecidos en febrero de 2020, así como pruebas decomisadas en el allanamiento en Casa Presidencial a finales de ese mes.
Catalina Crespo Sancho, defensora de los habitantes, inició con las investigaciones que decantaron en la denuncia penal por parte de la jerarca de esa institución después del informe de la investigación que lideró.
Esta, envió un comunicado donde “reitera su anuencia a colaborar con las autoridades judiciales”, asegura que “en la acusación presentada por el Fiscal General a.i. Warner Molina Ruíz la Defensora de los Habitantes rendirá prueba testimonial y documental”.
Alvarado, quien había comparecido ante la comisión legislativa que investiga el caso, está siendo acusado de tres presuntos delitos, abuso de autoridad; fraude de ley y prevaricato. El caso se mantiene a la espera de la aprobación.
La petición será analizada por los diputados después del 7 de febrero cuando los legisladores vuelvan a sesionar en la Asamblea Legislativa.
