Por: Esther Castillo Jiménez
La inquietud planteada por Boris Vasir Marchegiani, líder comunal y empresario comprometido con el desarrollo turístico de Quepos, merece algo más que atención pasajera: exige una reflexión seria y una respuesta responsable del Estado. No se trata de una ocurrencia ni de un interés improvisado, sino de una propuesta que desde hace años busca atender un problema estructural de movilidad, planificación y desarrollo en el Pacífico Central.
Quepos y el Parque Nacional Manuel Antonio continúan dependiendo de una única vía de acceso, estrecha y colapsada, que limita el crecimiento turístico, compromete la seguridad ante emergencias y contradice el principio constitucional del libre tránsito hacia un bien público. Esta realidad, señalada de forma reiterada por Marchegiani, ha sido asumida con preocupante normalidad por las autoridades, pese a sus evidentes consecuencias económicas, sociales y ambientales.
El teleférico se perfila como una alternativa lógica y moderna. No implica más asfalto ni una mayor fragmentación del territorio, sino una solución de baja huella ambiental que conecta comunidades, ordena el flujo de visitantes y protege el entorno natural. Es, además, un modelo probado en otros países de la región, donde ha demostrado ser una herramienta eficaz de movilidad limpia y un motor de desarrollo local.
Resulta contradictorio que Costa Rica, país que se promueve como referente en sostenibilidad, mantenga este tipo de iniciativas atrapadas en una maraña institucional que reconoce su viabilidad técnica, pero carece de los mecanismos para ejecutarlas. ICE, INCOFER e INDER coinciden en el diagnóstico, pero la falta de coordinación y la rigidez normativa terminan traduciéndose en inacción, una constante que el Pacífico Central y la zona sur de Puntarenas conocen bien.
Conviene señalar, con total transparencia, que Marchegiani es también accionista del Hotel Gaia, uno de los proyectos turísticos más reconocidos del cantón. Lejos de deslegitimar su posición, este dato aporta contexto: su interés está directamente vinculado al ordenamiento, la sostenibilidad y el desarrollo responsable de un destino del que dependen cientos de familias y economías locales.
El llamado es directo y regional: el Gobierno Central, las instituciones competentes y las autoridades locales del Pacífico Central y del sur de Puntarenas no pueden seguir tratando esta propuesta como un expediente más. La falta de decisiones mantiene a Quepos y a toda la región atrapadas en la congestión, el rezago en infraestructura y la desigualdad territorial. El Sur-Sur ha sido testigo, durante décadas, de cómo los proyectos estratégicos se dilatan hasta perderse en el silencio administrativo. Esta vez no debería ser igual. Escuchar a las comunidades, ordenar el desarrollo y actuar con visión regional no es una concesión política; es una responsabilidad con Puntarenas y con el país.
