Por: Esther Castillo Jiménez
Costa Rica enfrenta una encrucijada en materia de seguridad alimentaria. La reducción de la producción nacional de arroz y los recientes cambios en la política pública han impulsado a ciertos sectores importadores a buscar nuevos proveedores en Asia (Pakistán, Tailandia, Singapur, Bangladesh y Vietnam) con el fin de garantizar el suministro para 2026. Sin embargo, esta aparente solución comercial podría generar graves consecuencias económicas, sanitarias y éticas.
Entre los principales riesgos se encuentra el debilitamiento de la producción nacional (resultado de políticas que favorecen las importaciones en detrimento de los agricultores locales), así como los precedentes internacionales que advierten sobre los daños de una apertura indiscriminada. Europa es un ejemplo claro: la entrada masiva de arroz asiático afectó severamente a sus productores, incapaces de competir con precios artificialmente bajos.
A ello se suman condiciones laborales cuestionables en los países exportadores (trabajo infantil, salarios indignos y ausencia de garantías sociales), además de alertas sanitarias por la presencia de arsénico inorgánico —un compuesto cancerígeno— en arroz cultivado con aguas contaminadas en el sudeste asiático. También preocupa la posible introducción del gorgojo Khapra (Trogoderma granarium), una de las plagas más destructivas del mundo en granos almacenados, capaz de provocar pérdidas agrícolas y restricciones comerciales millonarias.
Frente a este panorama, el país tiene la oportunidad de fortalecer su soberanía alimentaria mediante el proyecto de ley 24.211 (FONARROZ), que propone un fondo nacional para modernizar el sector arrocero, apoyar directamente a los productores locales y garantizar estándares de calidad, sostenibilidad y respeto a los derechos laborales.
La diversificación del abastecimiento no debe hacerse a costa de la ética, la salud ni la sostenibilidad. Más que importar arroz barato, Costa Rica debe decidir si está dispuesta a pagar el precio social y moral de renunciar a su propio campo. Cada grano nacional representa dignidad, justicia y compromiso con la producción responsable.
