La pregunta que se hacen cientos de ticos, ¿qué tanto aparece el país en los archivos del delincuente sexual y multimillonario Jeffrey Epstein? Después de un análisis se puede saber lo que dicen —y lo que no dicen— miles de páginas judiciales expuestas por el FBI
Redacción
La publicación escalonada de documentos judiciales vinculados al caso del financiero estadounidense Jeffrey Epstein ha provocado un fenómeno conocido en los tribunales federales de Estados Unidos de Norte América, como una lectura pública masiva de material que originalmente fue reunido con fines probatorios, no narrativos. Miles de páginas —agendas, directorios telefónicos, declaraciones juradas y comunicaciones— han pasado a manos de periodistas, investigadores y ciudadanos que buscan nombres, lugares y conexiones.
Entre ellos aparece Costa Rica, no como escenario principal ni como pieza central de la investigación penal, sino como una referencia dispersa dentro de un expediente que abarca décadas y varios continentes. La distinción es importante, en el sistema judicial estadounidense, la presencia de un país en un documento no implica automáticamente actividad criminal en su territorio.
Las primeras menciones surgen en registros técnicos de comienzos de los años 2000. Son listados de contactos, números telefónicos con prefijo +506 y direcciones electrónicas vinculadas a ubicaciones costarricenses. El tipo de documento responde a una práctica habitual en investigaciones complejas, reconstruir redes de relación. No determina responsabilidad penal ni describe hechos delictivos por sí mismo.
Más adelante, el país reaparece en agendas de desplazamientos y planificaciones sociales. El material, incorporado como contexto en demandas civiles posteriores, incluye múltiples destinos internacionales frecuentados por el círculo social del financiero. Costa Rica figura entre ciudades de América, Europa y el Caribe, sin detalles sobre actividades específicas ni referencias a conductas ilícitas.
En los testimonios judiciales relacionados con la colaboradora británica Ghislaine Maxwell, algunos declarantes enumeraron países visitados durante viajes internacionales. El nombre del país aparece dentro de esas listas generales, sin descripción de hechos ocurridos aquí.
Cuando tribunales federales de Nueva York liberaron nuevos paquetes documentales entre 2023 y 2024, analistas independientes comenzaron a contar las apariciones del país en el conjunto total del expediente. Dependiendo del método de búsqueda —texto exacto o referencias indirectas— la cifra no supera las 30 menciones. La mayoría corresponde a datos de contacto, itinerarios o ubicaciones geográficas dentro de narraciones más amplias.
Ninguno de esos documentos describe delitos cometidos en territorio costarricense ni atribuye responsabilidad a autoridades o instituciones del país. Tampoco existen procesos judiciales abiertos en Estados Unidos derivados de esas referencias.
Expertos en derecho penal internacional suelen advertir sobre la diferencia entre aparecer en un archivo y ser objeto de acusación. En expedientes de gran escala, los investigadores reúnen información mucho más amplia que la finalmente utilizada para imputar cargos. El material sirve para entender relaciones personales, patrones de movimiento y estructura social alrededor de los investigados.
En este caso, la presencia de Costa Rica pertenece a esa categoría, contexto dentro de una red global, no evidencia de un hecho criminal determinado.
La lectura pública de los documentos ha demostrado cómo un expediente judicial puede adquirir vida propia fuera de los tribunales. Nombres y lugares aislados circulan en redes sociales separados de su marco probatorio original. Sin embargo, al examinar las páginas completas, la conclusión permanece estable.
Costa Rica aparece en los archivos. Pero en ellos no se describe un delito ocurrido en nuestro territorio, ni una investigación dirigida al país. Entre miles de páginas, la diferencia entre mención y acusación sigue siendo, jurídicamente, decisiva. Incluso hasta el momento no se ha encontrado un nombre de una persona de nacionalidad costarricense vinculada al caso Epstein, todo lo que se difunde en redes sociales acusando a alguna figura pública es falso, ya que carece de sustento en los documentos liberados por el FBI.
