Informe de la CGR señala grietas en la supervisión de la educación primaria en Costa Rica por parte del MEP, pese a que los supervisores están capacitados para hacerlo
Redacción
Durante décadas, la supervisión educativa en Costa Rica ha operado lejos de los reflectores. No inaugura escuelas ni define grandes reformas, pero cumple una función esencial, observar lo que ocurre en las aulas, acompañar a los centros educativos y advertir a tiempo cuando algo empieza a fallar. Sin embargo, una auditoría reciente de la Contraloría General de la República (CGR) sugiere que ese engranaje clave del sistema educativo funciona hoy con serias fisuras.
El informe de Auditoría de Carácter Especial DFOE-CAP-IAD-00008-2025, que analizó la supervisión del I y II ciclo de la educación primaria entre enero de 2023 y junio de 2025, revela una realidad que contrasta con el diseño normativo. La supervisión existe en el papel, pero en la práctica llega tarde, llega poco o simplemente no llega.
Más del 80% de los Circuitos Educativos del país no cumple con el número mínimo de visitas mensuales que exige la normativa. El estándar establece al menos seis visitas por mes, pero los datos oficiales muestran otra historia, en 2023 se registraron, en promedio, apenas 24 visitas en todo el año; en 2024, 31 y en el primer semestre de 2025, solo 22. En algunos circuitos, la cifra fue aún más alarmante, cero visitas durante periodos completos.
Esta ausencia de presencia en campo no es un asunto menor. En un sistema educativo marcado por brechas territoriales, rezago en aprendizajes y desigualdades estructurales, la supervisión es el primer filtro para detectar problemas, orientar a los equipos docentes y activar mecanismos de mejora. Cuando ese filtro falla, los problemas se enquistan.
Sin método de supervisión
La auditoría también pone en evidencia una supervisión que carece de método. No existen procedimientos estandarizados para registrar denuncias, identificar necesidades de los centros educativos o dar seguimiento a situaciones críticas. Cada circuito opera bajo criterios propios, con registros dispersos, incompletos o inexistentes. En algunos casos, las denuncias quedan anotadas en actas, en otros, en archivos personales, en otros más, no queda rastro documental alguno.
Más de un tercio de los circuitos carece de un mecanismo formal para documentar las necesidades de las escuelas, casi el 28% no elabora la matriz de riesgos anual que debería servir como herramienta básica de planificación. Sin esa información, el sistema pierde la capacidad de priorizar, anticiparse y decidir con base en evidencia.
Supervisores capacitados y altas cargas administrativas
Paradójicamente, la mayoría del personal supervisor sí ha recibido capacitación. Más del 90% ha participado en procesos formativos, pero la Contraloría señala que estos no están alineados con las competencias clave del puesto. La formación no fortalece de manera suficiente el control interno, la gestión documental ni el análisis técnico-académico.
A esto se suma un factor que atraviesa todo el informe, la carga administrativa. Cerca del 68% de los supervisores dedica más de cinco horas diarias a trámites, informes y gestiones burocráticas. El tiempo que debería invertirse en visitar escuelas, observar clases o acompañar procesos pedagógicos se diluye entre formularios y tareas operativas.
El resultado es una supervisión que ha perdido su eje pedagógico y se ha transformado, en muchos casos, en una función administrativa sin capacidad real de incidir en la calidad educativa.
Sin análisis de riesgo
Uno de los vacíos más delicados se encuentra en la gestión del riesgo. La normativa exige identificar centros educativos con mayor vulnerabilidad para priorizar la intervención. Sin embargo, en casi tres de cada diez circuitos, esa matriz de riesgos simplemente no existe. Sin ella, la supervisión se vuelve reactiva y fragmentada, incapaz de anticipar problemas como el bajo rendimiento, la deserción o la debilidad en la gestión institucional.
La revisión del rendimiento académico tampoco escapa a estas limitaciones. Aunque la mayoría de los circuitos afirma analizar los resultados de las escuelas, no existe un procedimiento común para hacerlo. La información se revisa de forma aislada, sin consolidación ni análisis comparativo. Algo similar ocurre con los planes de mejora, se verifica su existencia, pero rara vez se evalúa su impacto real.
El informe identifica varias causas detrás de este panorama, lineamientos desactualizados, ausencia de procedimientos claros, capacitación desconectada de la realidad operativa y un modelo territorial que no se revisa desde 2020, pese a los cambios en distancias, cargas laborales y condiciones logísticas. A esto se suman limitaciones materiales, casi la mitad de los circuitos no cuenta con vehículo institucional y más del 90% depende de transporte propio para desplazarse.
La consecuencia es una brecha profunda entre lo que la normativa espera y lo que el sistema puede ejecutar.
Advertencia al MEP
La Contraloría advierte que mantener este estado de cosas compromete seriamente la capacidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) para garantizar calidad, equidad y mejora continua. Sin supervisión efectiva, los problemas no se detectan a tiempo, las decisiones se toman sin información sólida y las brechas educativas se perpetúan, especialmente en las zonas más vulnerables.
El informe no se queda en el diagnóstico. Establece disposiciones concretas para el Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Planificación Institucional, con plazos que se extienden hasta 2027. Entre ellas, estandarizar los mecanismos de registro, reorientar la capacitación del personal supervisor, consolidar el análisis del rendimiento académico y actualizar la distribución territorial de los circuitos.
Más allá de los plazos y los oficios administrativos, el documento deja una pregunta abierta que trasciende lo técnico, ¿puede un sistema educativo aspirar a mejorar si nadie observa de forma constante, estructurada y estratégica lo que ocurre en sus aulas?
La supervisión educativa, como revela la auditoría, no es un trámite ni un requisito burocrático. Es el puente entre la política pública y la realidad cotidiana de las escuelas. Cuando este se debilita, el sistema entero pierde equilibrio, casi siempre en silencio
