Redacción
El Gobierno de Costa Rica ha puesto en marcha la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo N° 8488 para abordar la creciente crisis migratoria que afecta al país. La legislación permite la declaración de una emergencia nacional en cualquier parte del territorio cuando los desastres superan las capacidades ordinarias del Gobierno.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) está autorizada para tomar medidas administrativas, operativas y económicas con el objetivo de brindar una respuesta eficaz a la magnitud de la crisis. Esto implica coordinar con diversas instituciones, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), entre otros.
En la zona fronteriza, se habilitó el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (Catem) en el cantón de Corredores, que servirá como un punto de tránsito seguro para los migrantes que llegan en autobuses desde Panamá. Esto evitará que las personas queden desamparadas en las calles de las comunidades. Las diferentes instituciones nacionales coordinan con las autoridades panameñas para facilitar el traslado y la verificación de la información de los migrantes.
El Poder Ejecutivo anunció que trabaja en colaboración con organismos internacionales para instalar un puesto móvil de atención médica para mejorar la atención de salud proporcionada a esta población.
La Dirección de Migración y Extranjería registra un flujo diario de 2500 a 3000 personas por la frontera con Panamá. Hasta el momento, se han registrado más de 320,000 personas migrantes en el 2023, con una mayoría de venezolanos, ecuatorianos, haitianos y otros grupos.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, enfatizó que se deportará a aquellos que no respeten las leyes del país y generen disturbios o falten al respeto a las autoridades y la ley costarricense.
