Redacción
Las nuevas directrices migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump han comenzado a generar un impacto profundo no solo en las comunidades extranjeras residentes en Estados Unidos, sino también en las dinámicas laborales de muchas empresas que se ven afectadas por la disminución de trabajadores disponibles.
Desde su regreso a la presidencia, Trump ha reiterado su compromiso con lo que definió durante su campaña como la “mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”, una promesa que ha intensificado el temor en sectores clave de la población migrante. Esta atmósfera de inseguridad ha provocado que muchas personas opten por no salir de casa, incluso para trabajar, por miedo a ser detenidas.
Mientras se multiplican los reportes sobre deportaciones de extranjeros con documentos en regla y sobre traslados forzosos a centros de detención en El Salvador, aumenta la incertidumbre entre los sectores empresariales, preocupados por el futuro de los programas de inmigración legal de los que dependen para funcionar.
Aunque el presidente ha expresado que desea permitir la inmigración legal, su gobierno ha centrado sus esfuerzos en los procesos de arresto y deportación, dejando en segundo plano la apertura o regulación de vías formales para que más extranjeros puedan trabajar de manera regular en el país. Esta tensión ha dejado a muchas empresas en una situación difícil, con dificultades para encontrar el personal que necesitan y un clima de incertidumbre sobre cómo avanzar.
“Tenemos alrededor de 1,7 millones de puestos sin cubrir y los empleadores están preocupados por una escasez de mano de obra que empuja al alza la inflación para las familias estadounidenses”, expresó Rebecca Shi, de la Coalición Estadounidense de Empresas por la Inmigración (ABIC, por sus siglas en inglés). Esta organización ha intensificado su labor de cabildeo para promover lo que denomina “una política migratoria sensata”, reuniéndose con legisladores en Washington para exponer su preocupación.
Bob Worsley, empresario de la construcción en Arizona y presidente de ABIC, fue electo como legislador estatal en 2012 por el Partido Republicano. Comparte con otros líderes empresariales la visión de que Estados Unidos necesita ordenar la inmigración legal antes que reforzar la expulsión de trabajadores. “Esto es como una presa en la que el agua va a encontrar por dónde pasar por pura fuerza. Puedes asegurar la frontera, pero si no solucionas el tema de la inmigración de modo que la gente pueda venir legalmente, va a suceder de nuevo”, indicó al diario The New York Times.
La posibilidad de una reforma migratoria integral ha sido históricamente difícil debido a la falta de consenso entre republicanos y demócratas y actualmente no parece figurar entre las prioridades de la actual administración.
En el día a día de muchos pequeños y medianos negocios, las políticas migratorias se sienten como un obstáculo constante. “Las redadas de los agentes de Inmigración son frecuentes en mi zona y sé que cuando hay una mis empleados no van a aparecer porque se van a quedar en casa protegiendo a sus familias”, relató Manolo Betancur, propietario de una panadería latina en Charlotte, Carolina del Norte. El negocio, que comenzó como una pequeña panadería, se ha expandido a cuatro locales que emplean a setenta trabajadores, todos inmigrantes.
La panadería ubicada en Central Avenue, una zona reconocida por su diversidad en Charlotte, ha sido blanco habitual de las operaciones de ICE, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias. Betancur ha tratado de sensibilizar a las autoridades locales sobre el impacto de estas medidas. “Nuestros políticos creen que solo se están llevando a los criminales y eso es una gran mentira”, afirma. “Nuestros propios líderes tienen miedo de ir contra el gobierno”, lamenta.
La situación se repite en múltiples sectores económicos donde se reporta una creciente ansiedad entre empleados extranjeros que poseen permisos temporales en vías de vencimiento. “En colaboración con sus colegas estadounidenses, aportan un trabajo especializado que no resulta fácil de cubrir”, agrega Shi.
Aunque las cifras oficiales indican que el número de deportaciones es apenas superior al registrado en los últimos meses del gobierno de Joe Biden, la administración actual ha eliminado algunos programas de protección temporal que permitían a miles de migrantes trabajar legalmente. Entre los sectores más afectados figuran la agricultura y la atención médica.
Según los datos de la ABIC, alrededor del 40% del personal en el sector sanitario nació en el extranjero, porcentaje que asciende a 73% en la agricultura. En la hostelería, las dificultades también son notorias. Una encuesta realizada en 2024 reveló que un 67% de las empresas hoteleras no consigue cubrir todos sus puestos.
La cercanía de la temporada alta en agricultura y turismo ha incrementado la preocupación. “Sabemos que los problemas se van a agudizar a medida que se acerque la época de las cosechas y la temporada alta del turismo”, señala Shi.
Ante este panorama, varios estados han optado por medidas controversiales para suplir la falta de mano de obra, como la flexibilización de las restricciones al trabajo infantil. En Ohio, se redujo la edad para que los menores puedan servir alcohol en bares y restaurantes. Iowa autorizó que adolescentes realicen tareas previamente consideradas peligrosas, como demolición o fabricación de ladrillos. En Florida, se debate una legislación que permitiría a los escolares trabajar desde los 14 años.
La preocupación de la ABIC va más allá de los efectos inmediatos sobre las empresas. “Estados Unidos se ha convertido en un importador neto de alimentos. Si no producimos alimentos suficientes, eso es un problema de seguridad nacional”, advierte Shi.
La continuidad de los programas de visado temporal como H-2A y H-2B, esenciales para sectores agrícolas y de servicios, sigue sin confirmación oficial. Mientras tanto, el Proyecto 2025, elaborado por un grupo conservador, propone restringirlos aún más. Aunque Trump se ha desvinculado de esta iniciativa durante la campaña, sus críticos argumentan que la política migratoria en curso se alinea con sus lineamientos.
Más allá del acuerdo con el gobierno salvadoreño para recibir extranjeros expulsados y del cierre de programas temporales, el plan migratorio de la actual administración sigue sin definirse de manera clara. Las autoridades insisten en que el país enfrenta una “invasión” de “criminales extranjeros”, a pesar de que los cruces irregulares en la frontera han disminuido desde el final del mandato anterior.
“Ahora que se ha logrado asegurar la frontera, lo que debería hacerse es asegurar que haya mano de obra suficiente”, plantea Shi.
Estudios recientes han cuestionado la narrativa que vincula migración con criminalidad. Una investigación de la Asociación Estadounidense de Sociología concluyó que las ciudades con mayor proporción de inmigrantes tienden a tener menos homicidios y menos violencia. El investigador Ramiro Martinez de la Northeastern University sostuvo que “las comunidades, ciudades y condados con más inmigrantes tienen menos homicidios y violencia”. Otro análisis dirigido por Anthony Peguero mostró que, en escuelas de zonas violentas, los migrantes indocumentados cometen menos delitos que los nacidos en el país.
Con base en estos hallazgos, Shi sugiere que es hora de “reconocer la aportación vital de los extranjeros a la economía y abrir vías para que puedan permanecer legalmente en el país”.
Para Manolo Betancur, su experiencia personal es prueba de esa contribución. Llegó desde Colombia en busca de seguridad, fundó una empresa familiar y ahora brinda empleo a decenas de personas. “A uno le da miedo decir determinadas cosas en estos tiempos, pero Estados Unidos colapsaría sin los inmigrantes”. En su opinión, “más que deportaciones, lo que necesitan este país y sus empresas es una reforma migratoria”.
