Redacción
En una denuncia contundente, los representantes del Comité Coordinador del Grupo de Inversionistas comparecieron ante la Comisión de Gasto de la Asamblea Legislativa para señalar la compra del Parque Empresarial del Pacífico por parte del Banco de Costa Rica (BCR) – Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Safi) como una estafa y un robo descarado contra inversionistas, muchos de ellos adultos mayores. El caso ha sido calificado como un fraude ejecutado a plena luz del día, sin intento alguno de ocultar las acciones perpetradas.
Leonardo Morales Castro, del Comité Coordinador General del Grupo de Inversionistas, expresó su indignación ante lo que calificó como un fraude evidente: «Es tan grosero el fraude que uno se pregunta cómo un Fondo de Inversión Inmobiliarios que tiene activos por $900 millones pueda funcionar de esta forma». Los inversionistas sostienen que el modus operandi utilizado, los testaferros y las sociedades involucradas son los mismos, creando una nebulosa de confusión y opacidad en las transacciones.
El ex diputado Rodrigo Alberto Carazo Zeledón también intervino para destacar que el robo afectó a más de mil costarricenses, la mayoría de ellos ahorrantes de la tercera edad. Haciendo hincapié en la magnitud del problema, Carazo indicó: «Nos metieron la mano a la bolsa, a la luz del día, amparados al anonimato, a la secrecía, a la declaración de todos los documentos como confidenciales».
La diputada Kattia Cambronero Aguiluz del Partido Liberal Progresista (PLP) se mostró alarmada ante la complejidad del caso y lo calificó como un tema de crimen organizado que utilizan un banco estatal. Afirmó que es necesario que el país tome conciencia de la gravedad del asunto.
La investigación se centra en la diferencia de compra y venta de un terreno en Caldera de Esparza por parte de la sociedad 3-101-764316 S.A. -del ex diputado Humberto Vargas Corrales-, el cual fue adquirido por $16 millones y fue vendido al fondo de inversión no diversificado por $70,8 millones, generando un perjuicio financiero al BCR-Safi. El Comité Coordinador General del Grupo de Inversionistas abogó por llegar a los responsables y propuso una reforma legal para dotar a la Superintendencia General de Valores (Sugeval) de las herramientas necesarias para supervisar este tipo de negocios.
Cabe destacar que tanto el gerente Allan Marín Roldan como el presidente de la junta directiva, Fernando Víquez Lizano, del BCR – Safi, se excusaron de comparecer ante la Comisión de Gasto.
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