A raíz de lo sucedido en Nicoya, la Defensoría de los Habitantes indicó por medio de un comunicado de prensa que investigará los partos en zonas rurales
Redacción
En un giro impactante, el Ministerio Público confirmó la apertura de un expediente en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en relación con el caso de una bebé prematura en Nicoya. Simultáneamente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) inició una investigación para esclarecer la atención brindada a la recién nacida. Este incidente ha generado una polémica nacional sobre la calidad de la atención médica en zonas rurales.
El drama comenzó cuando la madre de la bebé, Angie Herrera, compartió un video desesperado en redes sociales, denunciando que la niña de 26 semanas de gestación no estaba recibiendo la atención adecuada. La mujer afirmó que no le proporcionaron oxígeno ni la colocaron en una incubadora debido a la supuesta falta de equipos en el Hospital La Anexión de Nicoya. El caso se volvió viral, provocando indignación y exigiendo respuestas tanto de la opinión pública como de las autoridades respectivas.
El director interino del hospital, Oscar Méndez, admitió un «mal manejo» en la atención inicial y el posterior traslado de la bebé al Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. Se reconoció que el proceder no fue el más adecuado en un principio y se coordinó con Neonatología para garantizar una atención especializada. La CCSS, tras una «investigación exhaustiva», trasladó a la menor a Puntarenas para atención pediátrica.
Las autoridades de la Caja reaccionaron, anunciando una investigación a fondo para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos. La presidenta ejecutiva de esa institución, Marta Esquivel, calificó el caso como inaceptable y expresó su indignación, asegurando medidas disciplinarias en caso de identificarse responsabilidades.
Defensoría anuncia acciones
Por su parte la Defensoría de los Habitantes también se involucró, anunciando por medio de un comunicado de prensa una investigación sobre la atención de partos de alta complejidad en zonas rurales. La entidad expresó preocupación por las limitaciones en la atención médica a mujeres embarazadas en hospitales periféricos, resaltando posibles barreras de acceso y desigualdades en los derechos humanos.
Este caso ha desatado un debate nacional sobre la calidad y accesibilidad de la atención médica en áreas rurales, llevando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y a la población a exigir mejoras significativas en el sistema de salud del país. La situación sigue siendo fluida, con la Defensoría y otros organismos vigilando de cerca el desarrollo de la investigación y la evolución de la salud de la bebé prematura.
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