Redacción
A lo largo de 14 cantones, un conjunto de obras de infraestructura se encuentra actualmente en ejecución como parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), un plan concebido para responder a los daños ocasionados por fenómenos climáticos como la tormenta tropical Bonnie, el Huracán Julia y el paso sostenido de la Zona de Convergencia Intertropical. El programa, que contempla obras distribuidas desde el alcantarillado hasta estructuras viales, busca atender tanto emergencias pasadas como las vulnerabilidades persistentes de infraestructura en el territorio nacional.
El despliegue actual incluye 40 proyectos en desarrollo y contempla el inicio de 72 nuevas intervenciones para el segundo trimestre del año. La cobertura geográfica y el tipo de trabajos en marcha evidencian una apuesta por soluciones amplias, que van desde la recuperación de vías férreas hasta la reconstrucción de centros educativos y puentes sobre rutas principales. La intención detrás de esta diversificación es dotar al país de una red de infraestructura más robusta y capaz de enfrentar futuras eventualidades climáticas con mayor eficacia.
Algunas de las obras ya completadas dan cuenta del impacto tangible que este programa ha comenzado a tener en las comunidades. En Desamparados, por ejemplo, ya está operativo el puente El Buen Pastor, mientras que en el territorio indígena de Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas, se concluyó la construcción de 31 viviendas que ofrecen alojamiento digno a 88 personas, incluyendo “24 jefas de hogar”, como indica la información oficial. Asimismo, en la misma zona, fue entregado el nuevo puente sobre la quebrada Callejonuda, cuya existencia mejora las condiciones de movilidad para más de 14.000 personas.
Otras intervenciones han estado dirigidas a reducir los riesgos asociados con inundaciones. Es el caso de las obras de contención fluvial implementadas sobre la cuenca del río Cañas, una medida que tiene como propósito salvaguardar a comunidades de Desamparados, Aserrí y Alajuelita ante eventuales crecidas. También se han efectuado mejoras en tramos ferroviarios dentro del Gran Área Metropolitana, lo que refuerza el componente urbano del programa.
Con un avance del 85% en la fase de licitación de las obras restantes, PROERI continúa su despliegue en un contexto que exige tanto eficiencia como apego a la normativa vigente. De acuerdo con lo establecido por el programa, todas las intervenciones están regidas por el marco legal contemplado en la Ley N° 10.426 y el contrato préstamo 2.317, los cuales, en el caso de obras bajo situación de emergencia, se rigen por la Ley Nacional de Emergencias, y para aquellas asociadas a riesgos inminentes, por las disposiciones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El compromiso con estos lineamientos se refleja en los mecanismos de auditoría y control establecidos tanto a nivel interno como externo, lo cual, según los lineamientos del programa, permite mantener “transparencia y legalidad” en todo el proceso. Financiado por el BCIE, PROERI proyecta beneficiar a una población estimada en 2 millones de personas mediante la ejecución progresiva de más de 450 obras públicas, diseñadas con criterios de seguridad, resiliencia y accesibilidad.
Aunque muchas de las obras aún están por completarse, el avance alcanzado hasta ahora marca una ruta que combina reconstrucción con preparación para el futuro. Las comunidades, mientras tanto, observan cómo el paisaje cambia, no solo en su forma visible, sino también en su capacidad para resistir lo inesperado.
