Redacción
En la costa pacífica de Costa Rica, en Playa Dominical de Osa, un grupo de vecinos decidió unir esfuerzos para rescatar un pequeño parque infantil construido hace cuatro años en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT). Su propósito va más allá de la simple restauración de columpios y bancas: buscan recuperar un espacio público que, poco a poco, ha sido desplazado por la ocupación ilegal y la indiferencia institucional.
“El parque ya existía, pero con el tiempo se ha deteriorado. Lo único que pedimos es el permiso municipal para reacondicionar y dejarlo a disposición de los niños”, explica César Valverde, uno de los impulsores del proyecto. La iniciativa cuenta con el apoyo de residentes nacionales y extranjeros de Dominical, una comunidad que ha crecido al calor del turismo y de la vida costera.
Sin embargo, detrás del gesto solidario se esconde un problema estructural. Actualmente, la Sala Constitucional analiza un recurso de amparo presentado contra la Municipalidad de Osa por la invasión de la ZMT en Dominical, un espacio público que la ley protege de la explotación privada. Hoy, esa franja costera está saturada de ventas ambulantes, camiones estacionados y estructuras improvisadas que obstaculizan el libre tránsito y operan al margen de la regulación municipal.
El artículo 12 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, vigente desde 1977, prohíbe expresamente cualquier tipo de construcción o aprovechamiento económico sin autorización legal. Sin embargo, la práctica parece contradecir la norma. Según el bufete Innova Consortium, que presentó el recurso, la ZMT se ha transformado en un “mercado informal permanente”, con carpas, bodegas improvisadas y actividades comerciales que degradan el entorno.
Valverde explica que el parque infantil conserva algunos de sus elementos originales —bancas, hamacas, toboganes, túneles de madera—, pero todos requieren reparación. “Queremos que los niños vuelvan a jugar aquí, que las familias tengan un espacio donde compartir. No se trata solo de madera o clavos, sino de devolverle a la comunidad un lugar que es suyo”, subraya.
La historia de este parque refleja un dilema más amplio que se repite en muchos puntos del litoral costarricense: el conflicto entre el derecho ciudadano al espacio público, la presión del turismo y la débil capacidad institucional para hacer cumplir la ley.
Dominical, conocida por sus olas y por atraer a surfistas de todo el mundo, es también un espejo de las tensiones entre desarrollo y conservación. Su playa, de unos cuatro kilómetros, combina belleza natural con una creciente disputa sobre quién tiene derecho a ocuparla.
En medio de ese escenario, la iniciativa vecinal por rescatar un parque infantil se convierte en algo más que un simple proyecto comunitario: es un recordatorio de que las playas de Costa Rica —como los parques, los ríos o los bosques— son parte de un patrimonio común que pertenece, ante todo, a su gente.
