Redacción
Como parte de la investigación que se lleva a cabo contra personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y proveedores de esa institución por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) y la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 21 allanamientos el día de hoy a fin de decomisar pruebas para el caso.
Actualmente se tiene una causa en trámite por la presunta irregularidad en la compra de mascarillas KN95. Por lo que los oficiales intervinieron en oficinas de la Caja, en el Centro Corporativo Internacional, IBT S.A y la Oficina Landergren Consulting Gruop.
La Fiscalía investiga al exgerente general, al exgerente de logística, directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, asesores de las gerencias y la Comisión Técnica encargada del análisis de dichos respiradores. También a dos ciudadanos de apellidos Martínez Ruíz y Landergren Castro.
Según la investigación de Fapta, al parecer los funcionarios de la CCSS habrían aprovechado sus cargos (entre mandos medios a altas jerarquías) para que durante la pandemia intervenir en los procesos de compras con fines personales, así como, favorecer a proveedores institucionales, los cuales nunca habían sido contratados en la institución y que, presuntamente, se dedicaban a otro tipo de actividad económica.
En apariencia, extemporáneamente, las empresas habrían presentado ofertas a la institución, sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos dentro del cartel. Sin embargo, aparentemente, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras ofertas que cumplían con los requisitos establecidos, así como compañías reconocidas por ser proveedores regulares.
Las autoridades judiciales aseguran que no hay personas detenidas por el caso que se investiga mediante el expediente 20-027795-0042-PE.
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